Hace veinte años, durante la Cumbre de la Tierra en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, se acordó fijar el 22 de marzo como Día Mundial del Agua, como una manera de de crear conciencia sobre la importancia de la conservación del agua dulce y la conservación de los recursos hídricos.
Hoy en el mundo hay más de 1300 millones de personas que utilizan agua proveniente de fuentes insalubres y más 2600 millones de hombres y mujeres que no tienen sistemas de limpieza y de alcantarillado. Estas dos cifras equivalen a más del 40% de la población mundial.
Para muchos chilenos esta situación aparece como lejana, como un problema que atañe al continente africano. Nuestra mente se llena de imágenes de mujeres y niños que deben caminar largas distancias para llenar los recipientes y transportarlos sobre sus espaldas. Ignoramos, por ejemplo, los serios problemas de desertificación en diferentes grados que sufre ciertas regiones como la III y la IV.
La desertificación, en sencillo, es un proceso de degradación en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas causada fundamentalmente por factores como el sobrepastoreo y la agricultura intensiva. Hoy se calcula que en nuestro país el 63 por ciento de su territorio es sensible a la erosión y que un millón y medio de chilenos, el 13% de la población, están afectados por este fenómeno. Más allá de las variaciones climáticas, esta situación es causada por el manejo inadecuado de los recursos biológicos, hídricos y sobre todo mineros.
En el norte, la disponibilidad de agua provoca cada vez más conflictos entre las comunidades y los intereses empresariales. La minería del cobre es una actividad económica importante para el país pero es, al mismo tiempo la causante de la escasez de agua en amplios asentamientos humanos. Sólo a modo de ejemplo, el agua de consumo humano, o sea bebida, cocción, lavado, riego y baños varían en Chile entre 130 y 200 litros por día por persona. Esta cantidad equivale a menos del 1.5% por ciento del agua consumida en una empresa minera.
El uso diario del agua en la minera La Escondida, sólo en el transporte de pulpa en los mineroductos, equivale al consumo mensual de 345.876 familias, considerando un promedio normal- de 20 m3. Los más de 6 millones de toneladas de cobre fino producidas por Chile al año utilizan tanta agua como el consumo mensual de 1.600.000 familias.
En otras palabras, la huella hídrica chilena, o sea el volumen total de agua dulce usada para producir los bienes y servicios que consumen personas y comunidades, es ínfima frente a la huella de las grandes mineras.
Por eso es necesario reabrir el debate sobre la Reforma Constitucional del Agua, frenado en mayo de 2010, con el inicio de este gobierno. Se trata de restituir los derechos constituidos originariamente para un uso agrícola, que han sido enajenados por las grandes compañías mineras para un uso distinto, alentados por su alto precio en el mercado y la pérdida de competitividad de la actividad agrícola.
Es necesario también ir a una renacionalización del agua, y terminar con la apropiación internacional del este vital elemento, conocido como el “oro azul”. Endesa y otros intereses internacionales, italianos sobre todo, poseen más del 90 % del recurso. Chile es la segunda reserva de agua dulce del planeta, pero sus habitantes no tienen la propiedad sobre ella.
El año pasado, la justicia acogió un recurso de revisión sobre los derechos de agua del río Baker, hoy en manos de Endesa para el proyecto Hidroaysén. Esa decisión abre una esperanza de que cambie el uso que debe tener el agua en nuestro país. O sea, que no siga favoreciendo los proyectos industriales, que se contraponen con la escasez hídrica para el desarrollo agrícola y, más aún, que ponen en peligro su existencia para el consumo humano.
21 de marzo de 2012
